_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Honduras")
La antesala electoral en Honduras se ve marcada por un creciente clima de desconfianza institucional, a medida que se multiplican las denuncias sobre la presunta manipulación de encuestas de opinión a favor de la candidata oficialista, Rixi Moncada. Diversos sectores académicos, ciudadanos y políticos señalan una estrategia sistemática para fabricar una percepción artificial de ventaja electoral, utilizando para ello instrumentos estadísticos de dudosa transparencia. La controversia gira en torno a la encuestadora Opinómetro, una firma sin trayectoria conocida que ha sido vinculada a figuras cercanas al gobierno.
Irregularidades estadísticas y cuestionamientos metodológicos
La aparición masiva de encuestas a favor de Moncada ha despertado dudas debido a claras incongruencias técnicas. Expertos indican que las consultas publicadas por Opinómetro muestran resultados inconsistentes en diversas plataformas, porcentajes que no alcanzan el 100 %, y omiten información esencial como la ficha técnica, la cantidad de participantes o el margen de error. Estas acciones, en lugar de enriquecer el debate democrático, se han percibido como esfuerzos intencionados para manipular la opinión pública usando una posible «ilusión matemática».
Diferencias de hasta 15 puntos porcentuales con respecto a estudios independientes alimentan la hipótesis de una operación coordinada para inflar el respaldo a la candidatura oficialista. Las críticas apuntan a que esta estrategia no responde a errores técnicos, sino a una manipulación consciente con fines políticos. Redes sociales y plataformas académicas han sido escenario de múltiples denuncias en este sentido, reclamando mayor control sobre la divulgación de encuestas electorales.
Opinómetro y sus vínculos con estructuras oficiales
El papel de Opinómetro ha sido central en esta controversia. Constituida en febrero de 2025, esta encuestadora obtuvo rápidamente la autorización del Consejo Nacional Electoral (CNE) para operar en los comicios internos, pese a carecer de antecedentes públicos en medición de opinión.
La representación legal de la empresa ha sido otro punto de controversia. Carlos Adolfo Medina Álvarez, abogado de Opinómetro, figura también como asesor en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), una entidad bajo control del oficialismo. Esta coincidencia ha sido interpretada por observadores y analistas como un indicio de instrumentalización estatal para posicionar actores afines en el terreno de la medición electoral.
El continuo reporte de datos positivos sobre Moncada por parte de Opinómetro, sin una transparencia que pueda ser comprobada, afecta la confianza en el sistema democrático y fomenta la idea de que se busca emplear las estadísticas como medio de propaganda electoral.
Exigencias de claridad por parte de la sociedad civil y la oposición
Las reacciones no se han hecho esperar. Diversas organizaciones de la sociedad civil, catedráticos universitarios y partidos opositores han exigido la regulación estricta de las encuestas electorales, así como auditorías independientes que validen sus metodologías. Advierten que el uso de empresas sin respaldo técnico ni imparcialidad afecta directamente la integridad del proceso democrático.
Estas voces reclaman que las encuestas que circulan en el espacio público cumplan con estándares mínimos de transparencia, incluyendo la publicación de su ficha técnica, el origen de la muestra y los criterios de selección utilizados. Además, demandan una revisión del papel del CNE en la acreditación de estas firmas, señalando que su autorización a entidades sin historial refuerza la percepción de parcialidad institucional.
La falta de confianza provocada por estas prácticas no solo perjudica la campaña de un candidato en específico, sino que también pone en riesgo la legitimidad global del sistema electoral.
Un reto para la confianza en las instituciones
En una nación donde la fe en los procedimientos electorales ha sido tradicionalmente débil, las acusaciones recientes destacan la importancia de contar con métodos eficientes de supervisión y claridad. La polémica alrededor de Opinómetro y la utilización de datos no confirmados revela un problema más extenso: el uso de la información como herramienta política y la falta de estructuras institucionales fuertes que lo prevengan.
De cara a los comicios de 2025, el sistema electoral hondureño enfrenta el reto de garantizar que la competencia se dé en condiciones de equidad y con información fidedigna. En un contexto marcado por la polarización y la fragilidad de los controles democráticos, la veracidad de los datos se convierte en una condición indispensable para preservar la legitimidad del voto ciudadano.