_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Colegio de Periodistas en Honduras")
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) hizo una denuncia pública sobre una campaña continua de estigmatización y amenazas hacia periodistas en la nación, señalando que sectores del gobierno y el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) son los impulsores. La agrupación profesional afirma que estos ataques sistemáticos ponen en riesgo la libertad de expresión y el trabajo periodístico, y han llevado la situación a foros internacionales para advertir sobre el debilitamiento de las garantías democráticas.
Según el pronunciamiento del CPH, las agresiones adoptan diversas formas: desde la intimidación y los insultos en redes sociales hasta procesos judiciales iniciados por instituciones del Estado. El gremio señala que funcionarios públicos y activistas digitales vinculados al oficialismo han promovido una narrativa de descrédito contra medios y periodistas críticos. Esta dinámica, de acuerdo con la denuncia, incluye intentos de forzar la entrega de fuentes informativas, elemento que, en el contexto hondureño, es considerado una violación directa al secreto profesional protegido por estándares internacionales.
Entre los casos más recientes, se documentan demandas iniciadas por las Fuerzas Armadas y otras entidades estatales, que según el gremio, apuntan a frenar investigaciones sobre posibles actos de corrupción o abusos institucionales. A ello se suma un aumento sostenido de campañas de desprestigio por parte de cuentas anónimas o falsas, a menudo identificadas como “tropas digitales” afines al oficialismo, que difunden mensajes ofensivos y revelan públicamente los rostros de periodistas.
Incremento en la retórica oficial y nerviosismo antes de las elecciones
Uno de los elementos que más preocupación ha generado es la creciente hostilidad desde el Congreso Nacional. En particular, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, ha emitido recientemente declaraciones dirigidas contra la prensa, en un tono que el gremio interpreta como parte de la estrategia de deslegitimación. Estos discursos ocurren en un contexto de creciente tensión política, de cara a las elecciones generales programadas para noviembre, donde la confrontación entre el oficialismo y la oposición se ha intensificado.
El empleo de plataformas institucionales para emitir mensajes adversos contra la prensa intensifica un entorno de presión que, según el CPH, ha producido efectos como la autocensura y el alejamiento de voces críticas en los medios. Esta situación, en el contexto de un proceso electoral, ha sido interpretada por miembros del gremio como una indicación de que el periodismo independiente se enfrenta a un cerco institucional y digital sin precedentes desde el restablecimiento de la democracia.
Preocupación internacional y llamados al cese de la intimidación
Diversas organizaciones internacionales han manifestado su alarma ante la situación. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras y ARTICLE 19 han emitido comunicados denunciando lo que califican como un retroceso en las garantías para el ejercicio libre del periodismo en Honduras. Los organismos coinciden en que las acciones denunciadas configuran un ambiente de vulnerabilidad que atenta contra derechos fundamentales y contra el papel del periodismo en la vigilancia del poder público.
Estos personajes, junto con el CPH y entidades nacionales, han solicitado al Gobierno asegurar la seguridad real de los periodistas, además de detener de inmediato cualquier tipo de amenaza, ya sea directa o indirecta. Recalcan que la libertad de prensa no es solo un derecho personal, sino una condición crucial para que la democracia funcione.
El comunicado del Colegio de Periodistas de Honduras se sitúa en un contexto de notable polarización política y aumento de la desconfianza entre las instituciones y los grupos sociales. A escasos meses de las elecciones, la acusación sobre una campaña sistemática de acoso a los medios resalta tensiones fundamentales relacionadas con la libertad de prensa, el empleo de recursos estatales y la calidad del diálogo democrático en la nación.