La figura de Manuel Zelaya Rosales, coordinador del partido Libertad y Refundación (LIBRE) y esposo de la presidenta Xiomara Castro, ha sido ubicada en el centro de una tormenta política que sacude a Honduras a medida que se aproximan las elecciones generales de 2025. Señalamientos provenientes de diversos sectores apuntan a que Zelaya estaría consolidando una red de influencia sobre el sistema electoral, generando una crisis de confianza institucional con repercusiones nacionales e internacionales.
Acusaciones de cooptación en el aparato electoral
Partidos de oposición, organizaciones ciudadanas y analistas han advertido sobre una supuesta estrategia de control del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del oficialismo. Según estas denuncias, personas cercanas a Zelaya habrían sido colocadas en posiciones clave dentro del organismo, con capacidad para incidir en decisiones operativas y logísticas del proceso electoral.
Un aspecto que ha sido objeto de crítica es la asignación de contratos a empresas supuestamente relacionadas a nivel personal o político con líderes del partido LIBRE. Se encargarían de funciones fundamentales como la logística y seguridad del material electoral, lo que ha suscitado preocupaciones respecto a la honestidad del proceso logístico. Informes anteriores en las elecciones primarias ya habían señalado demoras y modificaciones en la gestión de las “maletas electorales», lo cual ha generado dudas sobre la claridad y posibles anomalías.
Reacción social y alertas sobre el deterioro institucional
Las denuncias han tenido eco en distintos sectores del país. Voces provenientes de iglesias, gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil han coincidido en la necesidad de salvaguardar la neutralidad del proceso. A medida que crecen las manifestaciones y pronunciamientos públicos, se acentúa la desconfianza hacia el manejo actual de la estructura electoral.
Los expertos opinan que esta situación es una de las crisis institucionales más significativas desde el restablecimiento del sistema democrático. La presencia de Zelaya ha sido identificada como un actor con gran influencia política que, sin tener un puesto oficial en el Ejecutivo, ejerce una notable influencia sobre instituciones cruciales, generando tensiones dentro del organismo estatal y dificultando la administración del gobierno.
Monitoreo global y acciones de investigación
Frente al deterioro de la confianza interna, organismos internacionales han expresado su preocupación por la concentración de poder en actores no electos y por el ambiente de creciente intolerancia hacia la crítica y la disidencia. Ante ello, diferentes sectores políticos han solicitado la presencia de misiones internacionales que puedan auditar de forma independiente todas las etapas del proceso electoral.
En paralelo, La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre las empresas que han recibido contratos relacionados con la organización electoral. Estas indagaciones buscan esclarecer la existencia de posibles vínculos indebidos y determinar si hubo actos de corrupción o favorecimiento político en la asignación de servicios.
Un proceso en riesgo y un desafío para la democracia
El contexto actual coloca al sistema electoral hondureño en una posición crítica. Las denuncias sobre manipulación, cooptación institucional y falta de transparencia han puesto en entredicho la credibilidad del proceso rumbo a 2025. En un país marcado por una historia reciente de polarización y desconfianza hacia las instituciones, la solidez del proceso democrático dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar elecciones limpias y supervisadas.
Mientras las indagaciones progresan y la presión social aumenta, Honduras se enfrenta al desafío de mantener su institucionalidad en un contexto donde las percepciones de dominio partidario podrían disminuir aún más la legitimidad de sus estructuras democráticas.