A pocas semanas de las elecciones generales, distintos sectores políticos, empresariales y organizaciones civiles han manifestado preocupación por un presunto deterioro institucional en Honduras y la posibilidad de replicar un modelo de control político comparado con el chavismo en Venezuela, señalado por algunos analistas como el “Plan Venezuela”.
Diversos observadores sostienen que esta estrategia estaría orientada a concentrar el poder, afectar la independencia de instituciones clave y limitar la acción de la empresa privada y los medios de comunicación críticos, utilizando recursos estatales y presiones institucionales para garantizar la continuidad del proyecto político oficialista.
Señales de intervención institucional
Entre las quejas más frecuentes se encuentran la utilización de bienes estatales para propósitos de campaña, la erosión de la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la instrumentalización política de las fuerzas del orden. Asimismo, se informa sobre la intimidación a figuras de la oposición, manifestaciones partidistas con un tono hostil y una retórica divisiva por parte del Ejecutivo, que, a juicio de expertos, pretende invalidar cualquier desenlace desfavorable.
Un líder político, en una entrevista, afirmó que «se observan indicios inequívocos de una estrategia para perpetuarse en el poder. Existe intimidación, coacción institucional y un clima de temor en diversas esferas«. Según los analistas, esta coyuntura coloca a la nación ante un dilema trascendental: preservar el camino democrático o transitar hacia un esquema de centralización del poder con tintes autoritarios.
Preocupación internacional y recomendaciones
La comunidad internacional ha emitido advertencias sobre la situación. Más de 90 países, junto con organismos como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas, han instado al Gobierno a garantizar elecciones libres, pacíficas y transparentes, respetando la voluntad popular. Los comunicados diplomáticos señalan riesgos asociados al uso prolongado del estado de excepción, las restricciones a la libertad de expresión y la presión política sobre instituciones electorales.
Un pronunciamiento conjunto de embajadas en Tegucigalpa enfatizó que “es fundamental que el pueblo hondureño pueda ejercer su voto en un ambiente de plena confianza, sin miedo ni interferencias”. Analistas internacionales advierten que cualquier intento de manipular el proceso electoral podría derivar en una crisis política y diplomática, afectando la legitimidad del nuevo gobierno.
Impacto en la ciudadanía y panorama político
La ciudadanía de Honduras sigue con preocupación el acercamiento de las elecciones, en un ambiente caracterizado por la incertidumbre y el temor. La división social y la sensación de injerencia en las instituciones electorales podrían afectar tanto la participación ciudadana como la credibilidad de los resultados. Grupos empresariales y entidades de la sociedad civil mantienen una vigilancia constante sobre las acciones gubernamentales y la reacción de las organizaciones internacionales.
Para el partido LIBRE, estas denuncias y alertas representan un desafío adicional en la recta final hacia los comicios, en la medida en que se intensifica la discusión sobre la consolidación del poder y la defensa de la autonomía institucional.
El escenario electoral hondureño, en consecuencia, plantea un dilema político-social crítico: garantizar condiciones de transparencia y equidad o enfrentar un proceso marcado por la concentración del poder y la desconfianza ciudadana, con implicaciones directas para la gobernabilidad y la estabilidad institucional del país.