La estafa piramidal ejecutada por Koriun Inversiones ha sacudido a Honduras en plena coyuntura de desgaste institucional y polarización política. Con más de 35.000 personas afectadas, principalmente en zonas populares del norte del país, el caso no solo evidenció la fragilidad del sistema de supervisión financiera, sino que ha colocado al gobierno de Xiomara Castro ante uno de los desafíos más complejos de su mandato.
Funcionamiento no regulado y fracaso del sistema
Durante mucho tiempo, Koriun Inversiones estuvo operando fuera de la normativa, asegurando ganancias del 20 % cada mes, sin poseer autorización oficial ni la vigilancia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Aunque esta entidad emitió advertencias públicas en febrero de 2025, indicando que la empresa no contaba con permiso para recibir dinero del público, la actividad siguió sin intervención gubernamental hasta que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público actuaron en abril del mismo año.
Los registros dejaron al descubierto la envergadura de la estafa: más de 358 millones de lempiras en efectivo fueron confiscados, junto con 69 millones congelados en cuentas bancarias. Las indagaciones determinaron que no había inversiones auténticas que respaldaran los intereses ofrecidos, confirmando que se trataba de un esquema piramidal inviable.
Impacto social y fatiga política
El efecto del derrumbe ha sido significativo, abarcando tanto lo social como lo político. Mucha gente perdió sus ahorros, lo que provocó manifestaciones, bloqueos y protestas en diversas partes del país, especialmente en Choloma, donde se concentraban la mayoría de los inversionistas. La crisis ha intensificado el descontento de la ciudadanía ante la falta de acción de las autoridades locales y las lagunas en el sistema regulador.
En el ámbito político, el caso ha dañado la percepción pública del gobierno. Las críticas se han concentrado en la carencia de supervisión institucional, la tolerancia hacia las operaciones abiertas de Koriun, y la falta de medidas preventivas de las entidades competentes. Grupos empresariales y organizaciones de la sociedad civil han criticado enérgicamente la fragilidad del sistema estatal para evitar este tipo de fraudes.
La iniciativa del Ejecutivo y su debate
Ante la demanda pública, el gobierno declaró la creación de una propuesta legislativa para compensar a los afectados, utilizando fondos del Presupuesto Nacional. Esta medida, ordenada directamente por la presidenta Xiomara Castro, ha suscitado intensas reacciones en el Congreso Nacional y entre la ciudadanía.
Sectores opositores y colectivos ciudadanos han manifestado su rechazo hacia la iniciativa, sosteniendo que se emplearían fondos públicos para cubrir los gastos de un fraude privado, lo que consideran un precedente alarmante que podría fomentar la impunidad y el uso político del sufrimiento ciudadano. Aunque se ha realizado un anuncio formal, aún no se ha debatido en profundidad el proyecto ni se ha determinado el importe de la indemnización ni su método de aplicación.
La propuesta ha agudizado las tensiones entre bancadas legislativas y ha colocado al gobierno en una posición vulnerable, cuestionado tanto por la falta de previsión como por la forma en que ha manejado la crisis.
Amenazas institucionales y perspectivas políticas
El caso Koriun cuestiona la habilidad del gobierno de Honduras para asegurar la protección legal y salvaguardar a los ciudadanos frente a estafas económicas. La ausencia de una vigilancia adecuada, el trato permisivo que recibió la empresa y la reacción demorada por parte de las autoridades han aumentado la percepción de un fracaso institucional.
A escala global, la circunstancia podría impactar la percepción del país como opción segura para inversiones, mientras que internamente, el manejo de la situación ha alimentado un discurso de deterioro que ya está perjudicando al partido gobernante en otros aspectos. En medio de otras acusaciones de corrupción, el escándalo de Koriun corre el riesgo de transformarse en un ejemplo adicional de la deficiencia en transparencia y control gubernamental.
El gobierno de Xiomara Castro se encuentra ante un desafío complicado: abordar una crisis social genuina sin comprometer la credibilidad del sistema ni intensificar la división social. La manera en que este asunto se maneje será crucial para su estabilidad política y para la confianza que los ciudadanos mantengan en las instituciones gubernamentales.