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El estado de excepción en Honduras, implementado desde diciembre de 2022, continúa generando controversia debido a su prolongación y a las preocupaciones sobre posibles abusos de poder y violaciones de derechos humanos. Esta medida fue decretada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con el objetivo declarado de combatir la criminalidad, especialmente la extorsión y las actividades de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. La aplicación del estado de excepción ha implicado la suspensión de ciertas garantías constitucionales, permitiendo detenciones sin orden judicial y restricciones a la libertad de circulación en diversas zonas del país.
Desde su implementación, el estado de emergencia ha sido ampliado en varias oportunidades. En enero de 2025, la extensión fue por 45 días adicionales, cubriendo 226 de los 298 municipios del país. Las autoridades defienden esta medida como crucial para combatir el crimen; sin embargo, diferentes sectores han manifestado inquietudes sobre posibles excesos y la ausencia de resultados tangibles.
Discusión sobre la eficacia y los derechos humanos en el estado de emergencia
Entidades como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han destacado que el estado de excepción amenaza los derechos humanos, exhortando al gobierno hondureño a asegurar el respeto al Estado de Derecho y evitar limitaciones injustificadas a las libertades básicas. El gobierno ha informado una reducción en la tasa de homicidios y la desarticulación de grupos criminales durante la aplicación del estado de excepción. No obstante, reportes señalan que las extorsiones y la violencia siguen afectando a la ciudadanía. Asimismo, se han registrado denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden, incluyendo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
La extensión de esta acción ha provocado una discusión sobre su eficacia y las consecuencias para los derechos humanos. Aunque el Gobierno defiende que el estado de emergencia es esencial para enfrentar la delincuencia, entidades nacionales e internacionales llaman a examinar su implementación y asegurar que las medidas de seguridad no pongan en riesgo las libertades esenciales de la población.
Así, el estado de excepción en Honduras representa una medida controvertida que busca enfrentar la violencia criminal, pero que ha generado un debate sobre su efectividad, legalidad y respeto a los derechos humanos. La prolongación de esta figura excepcional plantea desafíos para la garantía de libertades fundamentales y la consolidación de un sistema democrático que proteja tanto la seguridad como los derechos de la ciudadanía.