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La reciente aprobación de cambios al Código Penal en Honduras ha suscitado preocupación en diversos sectores sociales y políticos del país. Estas alteraciones han sido vistas como una transformación significativa en el marco legal que gobierna la protesta social, especialmente en un escenario donde se avecinan las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025. La discusión se ha incrementado debido a la percepción de que estas modificaciones podrían ser empleadas para restringir el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, derechos esenciales en toda democracia.
El Parlamento Nacional implementó ajustes que incrementan las sanciones para crímenes asociados a la manifestación social, resaltando la inclusión del artículo 378-A. Esta norma estipula que cualquier acto de protesta llevado a cabo por dos o más individuos puede resultar en un aumento de la pena de cárcel, que ahora es de seis a diez años, además de la inhabilitación total. Organismos de derechos humanos y miembros de la sociedad civil han expresado su inquietud por el posible empleo de estas modificaciones para penalizar demostraciones pacíficas y limitar las libertades de reunión y expresión.
Reformas penales y su impacto en la protesta social
Las reformas al Código Penal han sido objeto de críticas por parte de organismos nacionales e internacionales. El endurecimiento de las sanciones para quienes participen en protestas colectivas ha sido interpretado como un posible mecanismo para disuadir la movilización ciudadana. Organizaciones de derechos humanos sostienen que estas medidas podrían emplearse para limitar la participación social y el ejercicio de derechos fundamentales. La preocupación se acentúa ante la posibilidad de que estas disposiciones sean aplicadas en contextos de tensión política o electoral, donde la protesta ciudadana suele incrementarse.
La vivencia de las elecciones de 2017, durante las cuales se documentaron arrestos arbitrarios y represión de manifestantes, aumenta el miedo a que se puedan repetir situaciones parecidas con el nuevo marco legal. En este escenario, grupos de la sociedad civil y figuras políticas han alertado sobre el peligro de que la criminalización de las protestas se utilice como un medio para limitar la disidencia y restringir la participación ciudadana en procesos políticos fundamentales.
Respuestas globales y demandas de reevaluación
La inquietud generada por el efecto de estas modificaciones ha cruzado fronteras nacionales. Entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han mostrado preocupación por las recientes normativas del Código Penal de Honduras. Ambas organizaciones han pedido al Estado que revise estas reformas para garantizar que los derechos esenciales de la ciudadanía no sean afectados.
En esta situación, se resalta la relevancia de asegurar la observancia de los derechos humanos y prevenir que las leyes penales se usen como herramienta para suprimir la disidencia y las protestas pacíficas. La discusión sobre el alcance y la implementación de estas reformas sigue en curso, mientras diversos grupos sostienen la necesidad de examinar el marco legal para garantizar la defensa efectiva de las libertades esenciales en Honduras.