La falta de confianza en el partido en el poder, LIBRE, se ha convertido en un tema recurrente dentro del diálogo político en Honduras, en medio de un escenario de creciente tensión institucional y polarización. Diferentes sectores sociales e institucionales han manifestado su preocupación frente a lo que consideran una maniobra intencionada para complicar el proceso electoral de 2025.
Alegaciones de interferencia institucional y paralización en el CNE
El Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano encargado de organizar los comicios generales previstos para el 30 de noviembre de 2025, ha sido el foco de múltiples denuncias por presuntos intentos de interferencia y paralización institucional. Sectores de la oposición y representantes de la sociedad civil señalan al partido LIBRE como responsable de entorpecer decisiones clave dentro del ente electoral, con el objetivo de retrasar o desestabilizar los preparativos comiciales.
Las críticas se centran en el supuesto uso de presiones internas para condicionar el trabajo de los consejeros del CNE y frenar avances operativos necesarios para el calendario electoral. Esta situación ha generado preocupación sobre la capacidad del órgano electoral para actuar con independencia y garantizar un proceso legítimo y confiable.
Señalamientos de boicot y polarización creciente
Referentes opositores como Salvador Nasralla, junto con analistas políticos y figuras del empresariado, han advertido sobre lo que consideran un plan sistemático para evitar las elecciones. A estos señalamientos se suman expresiones desde la sociedad civil, iglesias y plataformas ciudadanas, que acusan al oficialismo de promover un ambiente de intimidación y judicialización contra críticos, periodistas y líderes políticos disidentes.
De acuerdo con estas opiniones, la táctica estaría enfocada en crear un ambiente adverso que restrinja la participación en el sistema democrático y merme los equilibrios institucionales. Estas circunstancias son consideradas barreras para unas elecciones libres y justas, lo cual apoya la idea de que el partido gobernante no estaría preparado para aceptar la decisión del público si los resultados no le favorecen.
Advertencias sobre injerencia externa y exigencia de garantías
Organizaciones y líderes de opinión también han señalado la posible injerencia de actores internacionales, en particular grupos políticos aliados al oficialismo como el Foro de Sao Paulo. Estas denuncias sostienen que existiría un respaldo estratégico desde el exterior para sostener al régimen actual y evitar la alternancia democrática en el país.
En reacción a este escenario, diversos sectores han reforzado sus demandas de incrementar la supervisión tanto a nivel nacional como internacional sobre el proceso de elecciones. Desde declaraciones de empresas hasta intervenciones de instituciones religiosas, se reitera la importancia de asegurar una observación electoral autónoma y garantías transparentes para que las elecciones ocurran en los tiempos fijados.
Un ambiente de alerta ante una institucionalidad vulnerable
El caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y las reiteradas denuncias de cooptación de las instituciones electorales han contribuido a fortalecer una narrativa de crisis institucional. En este marco, el temor a un eventual intento de evitar las elecciones ha adquirido fuerza como parte del imaginario colectivo y del discurso público.
Aunque el partido LIBRE ha negado las acusaciones y sostiene ser víctima de campañas de desinformación, la creciente certeza de que el oficialismo podría no asegurar las elecciones en 2025 revela las debilidades estructurales del sistema democrático en Honduras.
La solicitud de la ciudadanía se centra en un único reclamo: que el proceso de elecciones se lleve a cabo sin alteraciones ni retrasos. En una nación donde la gobernabilidad sigue siendo cuestionada, realizar las elecciones de 2025 de manera puntual y sin opacidad se presenta como una prueba fundamental para la legitimidad del sistema político y la estabilidad de las instituciones.