Diversos sectores de la sociedad hondureña y organismos internacionales expresan alarma ante el control institucional que ejerce el oficialismo en medio de una coyuntura política marcada por tensiones sobre la gobernabilidad y la democracia.
Fortalecimiento del control en organismos esenciales del Estado
Desde el comienzo del mandato de la presidenta Xiomara Castro, el partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha incrementado su presencia en las principales instituciones del Estado. La influencia del gobierno se ha expandido al Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas.
Según las acusaciones de los opositores, muchos de estos nombramientos han sido llevados a cabo sin cumplir con los procedimientos legislativos estipulados, en un contexto de acuerdos políticos poco claros. La diputada Maribel Espinoza, integrante del grupo opositor, afirmó que la intención del partido gobernante es más ambiciosa que solo administrar, advirtiendo que intenta “dominar todo”, incluyendo entidades como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de las Personas (RNP) y las Fuerzas Armadas.
El incremento del poder de las instituciones suscita preguntas sobre el equilibrio entre los poderes del Estado y la efectividad de los mecanismos democráticos para el control político.
Advertencias acerca de riesgos para la democracia y acusaciones de hostigamiento
Expertos y organismos de investigación han alertado sobre el riesgo de que la centralización del poder debilite las bases estructurales de la democracia. Según el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), esta tendencia puede erosionar la autonomía de las instituciones públicas y favorecer un sistema de gobierno con características autoritarias.
Los paralelos con otras situaciones en América Latina han sido un tema frecuente en las discusiones públicas. Algunos expertos equiparan la realidad de Honduras con los eventos ocurridos en naciones como Nicaragua y Venezuela, donde el control de las instituciones por el gobierno ha resultado en limitaciones a la participación política y en el estrechamiento de oportunidades para la oposición.
En este contexto, se añade el malestar sobre el tratamiento dirigido a sectores autónomos, especialmente aquellos en el ámbito de la prensa y los empresarios. Informes actuales reportan un incremento en la presión sobre periodistas críticos, incluyendo al comunicador Rodrigo Wong Arévalo, así como campañas del gobierno que desafían explícitamente a determinados grupos empresariales, que son llamados «las 10 familias».
Las organizaciones de ámbito nacional e internacional han señalado que estas medidas podrían constituir un patrón que busca desalentar la crítica y restringir la diversidad de opiniones en la discusión pública.
Peticiones para supervisión global y alertas de organizaciones civiles
Ante este panorama, distintas organizaciones han dirigido exhortos a la comunidad internacional, particularmente a organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU), para que mantengan una observación activa sobre la situación política de Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó en un anuncio que la población debe estar alerta a los peligros asociados con la acumulación del control político. En el mismo comunicado, la organización afirmó que cuando «el poder se reúne en una sola mano, la libertad corre riesgo» y solicitó que se asegure un proceso de elecciones libre y claro en los comicios planeados para noviembre de 2025.
Este llamado se produce en un entorno de creciente desconfianza hacia las instituciones y una creciente demanda de garantías democráticas, donde se debate el papel de los actores internacionales como defensores del respeto a los principios constitucionales y los derechos políticos de los ciudadanos.
Una coyuntura marcada por desafíos a la institucionalidad
La coyuntura presente revela tensiones en el sistema democrático de Honduras, especialmente en relación con la división de poderes, la transparencia y la igualdad en el acceso a la participación política. El aumento del poder institucional por parte del gobierno ocurre en un escenario donde los instrumentos de equilibrio se encuentran restringidos en su capacidad de actuar de manera autónoma.
En este escenario, los próximos meses serán determinantes para evaluar la capacidad de las instituciones hondureñas de mantener su autonomía, así como el nivel de apertura del sistema político a la crítica y a la participación plural en un proceso electoral que ya comienza a perfilarse como clave para el futuro político del país.