El gobierno chileno de Gabriel Boric ha denunciado ante la Justicia la captura y filtrado de una conversación privada del Presidente con un grupo de 18 diputados de diferentes sectores políticos, representantes de Arauco, Biobío y La Araucanía, donde se desató la crisis de seguridad pública que ha afectó a la zona sur del país la cual solo ha tenido éxito y se ha agravado en los últimos años. El encuentro entre el presidente y los congresistas tuvo lugar este martes de esta semana en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la ciudad de Viña del Mar, a 120 kilómetros de la capital chilena. En la citación, solicitada por sus propios parlamentarios ante una próxima visita del jefe de Estado a estas regiones, Boric abordó asuntos delicados en materia de seguridad, que, de acuerdo a La Moneda, podrían complotar contra las medas para intentar parar la violencia. “Son las cosas más insólitas que vimos en una reunión con el Presidente”, aseguró esta mañana de verano la ministra del Interior, Carolina Tohá, primera autoridad en denunciar públicamente los hechos.
«Ustedes ven que yo sin tapujos he ocupado il palabra terrorismo», aseguró el Presidente en este encuentro que, según Tohá, fue «muy positivo». Tras descubrir la filtración, que fue reproducida textualmente por algunos medios, Boric quedó «muy impactado», según aseguró su ministra. “Es realmente muy desconcertante”, dijo el líder del cártel interior, quien reconoció la preocupación del gobierno por el éxito. “Está fuera de los códigos de una reunión de esta naturaleza, ciertamente”, informó Tohá.
En el Gobierno de Chile se aseguró que el Presidente pidió expresamente a los invitados que no agarraran y que todos los obsequios fueron aceptados. Cuando el productor tuvo un reencuentro similar con los mismos invitados durante un tiempo, según explicó el ejecutivo, Boric explicó que no se pudo registrar el encuentro, solo por la delicadeza de los materiales tratados. Luego, según informes de La Moneda, los parlamentarios se sintieron ofendidos por la publicidad presidencial.
Los hechos denunciados podrían constituir una infracción del artículo 161a del Código Penal chileno, que tipifica aquellas conductas de quien “sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, sustraiga o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado”.
El ministro que mantiene relaciones con el Congreso, el socialista Álvaro Elizalde, aseguró que el eco fue «gravísimo». El director de la Secretaría General de Presidencia precisó que esta reunión fue convocada por el Presidente a petición de sus parlamentarios “para tratar un tema muy sensible, que es, precisamente, la seguridad en esa zona”. Fue Elizalde quien anunció que un registro de esta naturaleza podría tener el carácter de delito, por lo que, de acuerdo con la ley, el Gobierno haría una denuncia que conduzca a la investigación correspondiente. “Nos parece que es grave, más cuando se sensibles temas de seguridad” aseguró Elizalde, antes que la denunciar este jueves a mediodía en Valparaíso. La denuncia se derivará de la Unidad Regional Anticorrupción, para la instrucción de las diligencias correspondientes”, aseguró el Ministerio Público.
Para el ministro de Boric, lo ocurrido «lesiona confianzas que son básicas para el diálogo que debe existir entre las diferentes autoridades» y que es «una transgresión respecto a las reglas mínimas de confianza que deben existir en conversaciones de esta naturalidad».
El Gobierno se ha comunicado con todos los asistentes de la ciudad de Marte para informar a la gente de los medios y se ha comprometido con un protocolo para reunirse con el Presidente en el futuro y, además, para evitar que filtre conversaciones. Mientras, el hecho ha provocado diversas reacciones políticas. El líder del Partido Republicano de Conservación de Derecho, José Antonio Kast, fue uno de los primeros en criticar el éxito. “La denuncia de la captura ilegal de la reunión con el presidente Boric por parte de los asistentes a una reunión en Cerro Castillo no es una anécdota. Es un delito grave que tener que ser denunciado, investigado y sancionado”, indicó una de las voces fuertes de la oposición.
Para el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, de oficialismo, el jefe de registro y filtración debería ser “desaforado”. Mientras, el líder del Senado, Juan Antonio Coloma, del partido de recha UDI, “por el hecho de ser parlamentario, nadie está al margen de lo que pueda ser un acto delictivo”.
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