Las elecciones europeas de junio y los encajes políticos previos a esa cita pondrán a los conservadores y democristianos europeos frente al espejo. De la imagen resultante dependerá la supervivencia de la gran coalición entre populares y socialdemócratas que ha imperado durante cinco décadas en el Parlamento Europeo y que cada vez está más dañada. Tras el resultado electoral en Portugal, donde la alianza de centroderecha ha ganado por la mínima mientras la ultraderecha populista ha subido notablemente, la familia de los populares se sitúa de nuevo ante el dilema de su relación y las posibles alianzas con la ultraderecha. Más allá del caso portugués, en el que las fuerzas conservadoras rechazan de entrada un Gobierno con los ultras, el foco más amplio está en los comicios a la Eurocámara de junio, cruciales para la UE en un momento complejo y que actuarán de termómetro decisivo en varios de los grandes Estados miembros. Las encuestas apuntan también ahí a un aumento del voto para el caleidoscopio de partidos ultraconservadores y populistas. Y eso, como sucedió en Italia en 2022, donde los conservadores bendijeron a la ultra Giorgia Meloni y la llevaron al Gobierno, está empujando al Partido Popular Europeo (PPE) a dilucidar qué tipo de ultras son aceptables y qué alianzas serían posibles.
Ese esquema mental se ha ido haciendo más elástico. El PPE ―como demostró su manifiesto aprobado la semana pasada en un congreso en Bucarest, durísimo en el tema migratorio e incluso con ciertos tintes euroescépticos― ha ratificado su deriva más a la derecha y su cordón sanitario parece ahora más laxo. Las constelaciones políticas nacionales marcan mucho, así que, aunque los sondeos siguen dando como primer partido al PPE, los ultras empujan y la formación que aglutina a las principales fuerzas de derecha quiere conservar la pujanza.
Los conservadores portugueses de Alianza Democrática (AD) han asegurado que gobernarán en minoría y no pactarán con los ultras populistas de Chega. Lo sucedido en Portugal, donde hace solo dos años el Partido Socialista obtuvo mayoría absoluta, pero un escándalo de corrupción hizo saltar por los aires al Gobierno de António Costa, ha puesto de manifiesto que el proceso de normalización de la derecha radical parece muy extendido, asevera Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano. El caso de Lisboa también deja al Consejo Europeo, que representa a los líderes de los Estados, con una voz socialista menos, la de Costa.
Partidos de corte ultraderechista o populista están ya en gobiernos nacionales, regionales o locales en toda Europa —salvo excepciones como Irlanda o Grecia, donde gobiernan en solitario— con un suelo de un 10% y un techo de más de un 40%, si se considera al Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen o a la coalición de las derechas que lideró Hermanos de Italia, la formación ultra de Meloni. “El PP no va a desconocer esa realidad y más en las elecciones al Parlamento Europeo, que pueden verse como de segundo orden y en las que es más fácil canalizar el descontento”, vaticina Molina.
Los populares europeos se han puesto ciertas líneas rojas. Pero no demasiado rígidas. La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que aspira a repetir mandato por otros cinco años, clamó contra los “amigos de Putin”, los populismos y la extrema derecha y extrema izquierda. Y mencionó al partido de Le Pen, al que los sondeos dan un enorme número de votos en Francia, o a los ultras de Alternativa para Alemania (AfD). “Quieren destruir Europa”, advirtió. Sin embargo, su discurso dejó un amplio margen para otras formaciones ultras, aunque menos vociferantes. Al fin y al cabo, este PPE más derechizado comparte muchos elementos con esos partidos.
Alianzas deseables e incómodas
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El presidente de los populares europeos, el alemán Manfred Weber, es abiertamente afín a esas alianzas con socios más radicales, incluso para poder formar gobiernos. Aunque siempre que sean “pro-UE, pro-Estado de derecho, pro-Ucrania y pro-OTAN”, ha apuntado en numerosas ocasiones. No obstante, los partidos nacionales de la familia política conservadora han hecho la vista gorda en ocasiones en alguno de los puntos de esa premisa. Es el caso del PP español, asociado con los ultras eurófobos de Vox, con quienes gobiernan en comunidades y ayuntamientos y con los que, si hubieran sumado mayoría, no hubiera tenido problemas para formar Gobierno tras las elecciones generales de julio. Los radicales españoles claman en muchas ocasiones contra los “burócratas de Bruselas” y han cargado, por ejemplo, contra el Estado de las autonomías recogido en la Constitución española, con lo que tampoco cumplirían el punto de pro Estado de derecho.
El laboratorio para el modelo que promueve Weber ha sido Italia, con el Gobierno de Meloni. Su partido, Hermanos de Italia, forma parte de la familia política de Europeos Reformistas y Conservadores (ECR), compuesto en su mayoría por formaciones antifederalistas —y que en algunos casos se definen como “eurorrealistas”—, en el que también están Vox, los ultras polacos de Ley y Justicia, pero también el más moderado partido del primer ministro checo Petr Fiala. De hecho, el PPE corteja desde hace tiempo a Fiala y a Meloni y algunos populares querrían que dejaran la familia ultraconservadora europea para sumarse a la suya, reconoce un eurodiputado conservador. O que los populares ahondaran su relación con esa familia. “ECR está siempre entre las fuerzas que desempeñan un papel en el Parlamento Europeo. Espero que podamos trabajar con ellos”, apuntó el jueves en Bucarest Antonio Tajani, de Forza Italia (dentro del PPE), el partido que fundó Silvio Berlusconi.
El dilema de los conservadores de la UE sobre su identidad pone también sobre la mesa el interrogante de qué sucederá con la gran coalición entre el PPE y los Socialistas y Demócratas (S&D) que ha gobernado las instituciones de la UE durante décadas, últimamente con los liberales como bisagra. ¿Se romperá esa gran coalición? Von der Leyen, por ejemplo, aunque es la favorita para repetir al frente del Ejecutivo comunitario, se mueve en un equilibrio muy complicado porque necesita que los Gobiernos de los Estados miembros de todos los colores la propongan y que después ese nuevo Parlamento Europeo caleidoscópico que salga de las urnas la confirme. De ahí la elasticidad de su cordón sanitario.
Los socialistas ya han advertido a la conservadora alemana que las alianzas con la ultraderecha son una línea roja. “Tenemos que garantizar el futuro de la UE y mantener alianzas con fuerzas políticas pro-europeas”, apunta Iratxe García, presidenta del grupo de S&D en la Eurocámara. “Nos preocupa la deriva del PPE”, zanja García, que ha acusado al líder de los conservadores europeos de “blanquear y normalizar” a la ultraderecha, dejando rendijas para los pactos con partidos ultras.
Ignacio Molina cree que lo que va a hacer el PPE es precisamente evitar ese dilema acerca de sus relaciones. “Pueden navegar con la idea de la gran coalición, o al menos aparentar que no la rompen. No tienen casi otra opción, ya que los primeros ministros de cinco relevantes Estados miembros [Alemania, Francia, España, Austria y Bélgica] no son del PPE y no apoyarían a una Von der Leyen que pacte con la ultraderecha. Sin embargo, después pueden construir una coalición legislativa para políticas concretas en las que podría pactar más hacia la derecha”, dice el experto. Y añade: “Si se rompiera definitivamente esa gran coalición [entre el PPE y el S&D], la UE y su legitimidad sufrirían”.
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