_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Caso Koriun en Honduras")
La situación crítica provocada por el fraude piramidal de gran escala de la financiera Koriun Inversiones ha ganado intensidad en semanas recientes, con ciudadanos manifestándose en Tegucigalpa y San Pedro Sula, demandando medidas concretas por parte del gobierno de Honduras. Personas afectadas de diversas áreas del país denuncian la falta de acción institucional frente a un fraude que ha resultado en millonarias pérdidas para más de 35.000 individuos. La limitada respuesta gubernamental hasta este momento ha amplificado las críticas públicas y vuelto a poner en tela de juicio la capacidad del sistema financiero y judicial para prevenir y castigar estafas de tal envergadura.
Cuestionamiento de informes públicos e institucionales
Las manifestaciones recientes estuvieron marcadas por consignas dirigidas al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y a entidades estatales como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Los manifestantes aseguran haber sido engañados por una estructura financiera fraudulenta sin que, hasta la fecha, se haya concretado un plan de reparación ni se hayan identificado responsables directos de manera efectiva.
Una de las críticas más importantes se centra en la CNBS. Los manifestantes señalan al organismo regulador por haber recibido quejas oficiales sobre las operaciones irregulares de Koriun, sin haber tomado medidas preventivas o correctivas. Estas circunstancias han intensificado la percepción de una posible negligencia institucional, lo que ha aumentado la desconfianza en la supervisión gubernamental del sistema financiero no bancario.
Oposición al uso de recursos públicos y demanda de responsabilidad penal
Los perjudicados también han desestimado sugerencias informales que plantean el uso de dinero del estado para reponer las pérdidas causadas por el engaño. La propuesta de emplear dinero público ha sido considerada por los manifestantes como una acción inadecuada que transferiría la carga del fraude a toda la ciudadanía, en lugar de buscar a los culpables directos y a quienes colaboraron en la estafa piramidal.
Durante las manifestaciones, numerosas pancartas dejaron claro el descontento con las decisiones tomadas por las autoridades. Frases como “El Gobierno también tiene culpa” y “Koriun defraudó, el Estado encubierto” sugieren una historia donde no solo los autores de la estafa, sino también las entidades de supervisión y judiciales, tienen parte de responsabilidad por la falta de acciones rápidas.
En simultáneo, la falta de progresos notables en el Ministerio Público ha causado críticas de grupos ciudadanos que sienten que hay una falta de intención política para resolver el caso judicialmente de manera efectiva. La inacción de la Fiscalía ante un caso de gran trascendencia social e institucional ha creado un nuevo punto de tensión entre la sociedad civil y el sistema judicial.
Perspectivas de desplazamiento y presión global
Ante la falta de avances, organizaciones civiles han anunciado la organización de nuevas jornadas de protesta y han dejado abierta la posibilidad de escalar el conflicto a instancias internacionales. El recurso a mecanismos legales en el extranjero es visto por algunos sectores como una vía para presionar al Estado hondureño a cumplir con sus responsabilidades en materia de justicia y reparación.
El enfrentamiento ha revelado no solo la magnitud del fraude, sino además las vulnerabilidades estructurales en la regulación de entidades financieras no formales y la limitada capacidad de acción frente a delitos económicos de gran envergadura. El caso Koriun ha situado en el foco del debate nacional la urgencia de reformas que refuercen los sistemas de supervisión, sanción y reparación, en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones.
Una visión caracterizada por el deterioro institucional
El avance del caso Koriun muestra un contexto en el que las demandas ciudadanas de equidad chocan con la lentitud de las instituciones. La incertidumbre sobre el uso de los fondos, la rendición de cuentas de los involucrados y la función de las agencias reguladoras ha puesto al Estado en el centro de la atención crítica. El desafío para el gobierno y el sistema judicial no se limita a solucionar el caso, sino también a renovar la confianza del público en la habilidad de las instituciones para salvaguardar los derechos económicos de los ciudadanos en un país donde los sistemas de supervisión todavía son débiles.