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Las recientes afirmaciones del secretario privado presidencial, Héctor Manuel Zelaya, han desatado una nueva oleada de críticas en el panorama político hondureño, reavivando el debate sobre la controvertida Ley de Justicia Tributaria. En un contexto marcado por la polarización legislativa y la desconfianza entre fuerzas políticas, sus palabras han sido interpretadas como un indicio de posibles intentos por parte del oficialismo de avanzar con la reforma fiscal sin el respaldo parlamentario necesario ni un proceso transparente de deliberación.
Controversia por declaraciones del Ejecutivo
Durante una intervención pública, Héctor Zelaya sugirió que la Ley de Justicia Tributaria podría ser aprobada «en un descuido» por parte del Congreso Nacional. Aunque no detalló mecanismos concretos, el comentario fue percibido por distintos sectores como una insinuación de que el oficialismo, liderado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), podría recurrir a procedimientos irregulares para sacar adelante la normativa.
Desde el Congreso, la legisladora Maribel Espinoza, representante del Partido Liberal, expresó fuertes críticas hacia las afirmaciones. Según su opinión, sugerir la sanción de una normativa sin contar con el número requerido de votos y fuera del proceso legislativo adecuado «representa un ataque a la institucionalidad». Según ella, estas propuestas demuestran una falta de apoyo tanto técnico como social para una reforma con significativo impacto económico.
Reacciones del sector privado y constitucionalistas
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) respondió también a la acusación de Zelaya, advirtiendo sobre las posibles repercusiones económicas de aprobar una reforma fiscal sin un diálogo extenso y abierto. De acuerdo con esta entidad, una situación de este tipo podría aumentar la inseguridad para la inversión privada y perjudicar la estabilidad económica del país.
Ley de Justicia Tributaria sin seguir los procedimientos parlamentarios podría resultar en impugnaciones por inconstitucionalidad. En específico, mencionaron que el principio de deliberación legislativa requiere transparencia, debate plural y adherencia a los mecanismos institucionales establecidos.En simultáneo, expertos en derecho constitucional destacaron que cualquier esfuerzo por aprobar la Ley de Justicia Tributaria sin seguir los procesos legislativos podría generar desafíos por inconstitucionalidad. En especial, señalaron que el principio de deliberación legislativa requiere transparencia, debate plural y respeto a los mecanismos institucionales previstos.
Escalada en la tensión política y vigilancia opositora
Como resultado de estas afirmaciones, varias agrupaciones políticas opositoras han manifestado que estarán en “alerta constante” ante intentos potenciales de presentar la ley durante sesiones legislativas extraordinarias o sin actas formalmente aprobadas. Esta advertencia surge en un escenario donde la presidencia del Congreso, bajo la dirección de Luis Redondo, ha sido previamente criticada por la oposición debido a prácticas que consideran irregulares en la sanción de leyes.
El descontento social también se ha manifestado en redes sociales, donde el hashtag #NoAlMadrugón ganó notable notoriedad en pocas horas, mostrando la inquietud frente a la posibilidad de que una ley con consecuencias económicas y sociales importantes sea procesada sin la intervención informada de todos los participantes del sistema político.
Una visión de continua tensión institucional
La Ley de Justicia Tributaria continúa siendo uno de los puntos más sensibles en la agenda del gobierno actual, enfrentando resistencias tanto por su contenido como por la forma en que se ha intentado introducir en el debate público. La polémica generada por las palabras de Héctor Zelaya no solo vuelve a centrar la atención en esta iniciativa legislativa, sino que pone de relieve las tensiones en torno a la gobernabilidad, la legitimidad de los procesos legislativos y la necesidad de mecanismos de diálogo efectivos.
En un ámbito político donde prevalecen la división y la falta de confianza, cualquier propuesta que busque cambiar significativamente el sistema fiscal necesita, además de apoyo institucional, un proceso de deliberación que asegure la participación de diversas perspectivas y el respeto a los principios democráticos. La forma en que se lleve a cabo esta discusión establecerá un precedente en la interacción entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los sectores económicos y sociales de la nación.