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En Honduras, la cercanía de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025 ha aumentado las inquietudes sobre la transparencia del proceso electoral. Han surgido dos puntos de tensión: las dudas en torno a un posible uso político del Ministerio Público contra consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la disminución de la confianza en el papel de las Fuerzas Armadas como defensoras del proceso democrático.
Se informa sobre la posibilidad de que la Fiscalía esté elaborando cargos formales contra integrantes del CNE, causando preocupación en grupos políticos y entidades que promueven la democracia. Se sugiere que este procedimiento legal podría tener fines políticos, enfocándose en consejeras que han sido críticas o autónomas respecto al gobierno. La potencial acción judicial contra consejeras del CNE ocurre en una etapa sensible, cuando la institución electoral tiene la responsabilidad de asegurar la organización justa del proceso electoral, la legitimidad de los resultados y la confianza de las organizaciones políticas y el público.
Riesgo de control y desconfianza institucional
Este tipo de acciones podrían debilitar la independencia institucional y erosionar la confianza del pueblo en el proceso electoral. La oposición y la sociedad civil han expresado su preocupación, exigiendo investigaciones basadas en pruebas contundentes y no en represalias políticas. Se han realizado llamados a la comunidad internacional para que se pronuncie ante cualquier intento de manipulación institucional del CNE y supervise el actuar del Ministerio Público.
Al mismo tiempo, ha aumentado la desconfianza de los ciudadanos y la política sobre la función de las Fuerzas Armadas como defensoras del proceso democrático. Dirigentes de partidos de oposición, entidades de la sociedad civil y expertos independientes han expresado su inquietud por destituciones y retiros dudosos dentro de la oficialidad militar, la alineación ideológica y operativa entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, la participación activa de personal militar en procedimientos civiles y elecciones, y la ausencia de claridad en la organización del despliegue militar durante las votaciones.
Temor a militarización y llamados a la vigilancia
En las primarias de marzo, se informaron problemas como demora en el envío de papeletas y una presencia militar poco común en algunos centros de votación, lo que ha incrementado el miedo a una posible militarización del proceso electoral. Existe preocupación de que el Ejército, influenciado por líderes del gobierno, pueda ser utilizado como medio para posibilitar un fraude o suprimir manifestaciones ciudadanas.
La creciente desconfianza ha llevado a llamados urgentes a organismos internacionales para que envíen misiones de observación y exijan garantías de neutralidad militar y transparencia operativa. Grupos ciudadanos han comenzado a organizar redes de veeduría social para documentar posibles abusos o irregularidades. La credibilidad del proceso electoral del 30 de noviembre dependerá de la conducta de las instituciones y la vigilancia ciudadana.