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El Proyecto de Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha generado un amplio debate en el país, debido a los posibles efectos que podría tener sobre la economía y el sector productivo nacional. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno del Partido LIBRE, se presenta como una herramienta para combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación estatal. Sin embargo, su contenido y alcance han sido interpretados de manera diversa por los distintos actores económicos y sociales.
El plan incluye la eliminación de esquemas de exenciones fiscales, un incremento en los impuestos y una mayor facultad para que el Estado gestione los estímulos económicos. Estos cambios han sido percibidos por el sector empresarial como un indicativo negativo para la inversión y la actividad productiva, provocando inquietud y preocupación en el contexto económico de Honduras.
Repercusiones en la inversión privada y el empleo
Varias asociaciones empresariales, cámaras de comercio e inversionistas tanto locales como internacionales han expresado que la propuesta legislativa podría tener consecuencias negativas en la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señala que si la ley se aprueba tal como está, se podría ver una disminución importante en la inversión extranjera directa. Además, compañías de zonas francas y del sector agroindustrial estarían considerando la opción de abandonar el país o reducir sus actividades, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía del país.
Desde que el borrador de la normativa fue presentado, se ha informado acerca de la clausura de pequeñas y medianas compañías, concentrándose en mayor medida en los sectores de textiles, logística y exportación, operando previamente con exenciones tributarias. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han comenzado a reducir plantilla, aludiendo a la falta de certeza fiscal como uno de los motivos principales. Esta circunstancia amenaza con poner en peligro miles de puestos de trabajo y podría empeorar si el proyecto no sufre alteraciones o es paralizado. El COHEP también advierte que la economía podría enfrentar una desaceleración significativa en el año posterior a que la normativa entre en vigencia, y que el alza en el desempleo y la informalidad se convertirían en consecuencias ineludibles de su implementación.
Entorno regional, político y discusión sobre la equidad fiscal
El intercambio de opiniones sobre la Ley de Justicia Tributaria ocurre en un marco político y regional específico. La supresión de beneficios fiscales podría distanciar a Honduras de las estrategias que han permitido a naciones como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana mantener atractivos sistemas de inversión y estabilidad fiscal, considerados elementos vitales para su competitividad. Esta condición podría impactar la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desalentando tanto a inversionistas nuevos como a los ya existentes, quienes podrían decidir trasladar su capital a países que ofrezcan mejores condiciones para el crecimiento empresarial.
El contexto político e ideológico ha influido en la percepción del proyecto, ya que algunos sectores empresariales interpretan el discurso oficial del gobierno como contrario al empresariado y alineado con modelos económicos que han implicado transformaciones estructurales en otros países de la región. Esto incrementa el temor a una posible reconfiguración del modelo económico nacional sin un plan técnico o una visión clara de sostenibilidad.
Por otra parte, los partidarios de la Ley de Equidad Tributaria sostienen que las exenciones fiscales han facilitado la concentración de la riqueza, disminuyendo así la capacidad gubernamental para respaldar políticas públicas enfocadas en la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Conforme a cifras oficiales, el 92 % de las exenciones se concentra en el 10 % de las compañías más adineradas, mientras que el 90 % de las compañías restantes solo aprovechan el 8 % de estos beneficios. Desde junio de 2009 hasta diciembre de 2022, el Estado ha dejado de percibir 455 mil millones de lempiras a consecuencia de estos regímenes.
El proyecto no introduce nuevos impuestos ni incrementa las tasas existentes, sino que pretende cerrar brechas legales y aumentar la recaudación de impuestos directos a grandes empresas y patrimonios, con el objetivo de reducir la inequidad en el cobro de tributos. Sin embargo, la eliminación de regímenes fiscales históricos, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), vigente durante 40 años, podría obligar al cierre de numerosas empresas que operan bajo este esquema. El COHEP ha señalado que la propuesta de garantía de convertibilidad inmediata al RIT podría ser interpretada como una medida que afecta la liquidez y sostenibilidad de las empresas.
Honduras se enfrenta a un enorme reto financiero
El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria sigue sin resolverse y está dividido. Algunos opinan que podría establecer un sistema impositivo más justo y equitativo, mientras que otros temen que su aprobación empeore la situación económica, incremente el desempleo y cause fuga de inversiones. La determinación definitiva en el Congreso Nacional será crucial para el futuro económico de Honduras en los años venideros.