_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Gobierno de Xiomara Castro")
La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) no formará parte del legado del mandato de Xiomara Castro. Aunque se presentó como un pilar esencial de su plan de gobierno, la propuesta no se materializó y permanecerá pendiente durante el término presidencial actual, que termina en enero de 2026. Con esta retirada tácita del proyecto, la administración cierra un capítulo que había levantado grandes expectativas en los ciudadanos sobre el combate a la corrupción.
El camino hacia la instalación de la CICIH estuvo marcado por demoras sucesivas, prórrogas sin resultados y negociaciones estancadas con las Naciones Unidas. La admisión oficial del fracaso, expresada por el excanciller Enrique Reina, señala una combinación de causas que, según él, involucran tanto obstáculos legislativos como factores internacionales. No obstante, para distintos sectores sociales, esta explicación resulta insuficiente.
La promesa incumplida que erosionó la confianza
Distintas voces del sector civil y del contexto global acuerdan que la responsabilidad mayor recae sobre la gestión actual. Para expertos y quienes siguen el proceso, el inconveniente no fue la ausencia de factores externos, sino la falta de voluntad política del Gobierno para honrar los acuerdos pactados.
Desde este enfoque, la falta de puesta en marcha de la CICIH no es un error ni un desenlace inevitable, sino una elección. Así lo manifestó Juan Jiménez Mayor, exvocero de la MACCIH, quien cuestionó directamente al Gobierno por no cumplir una promesa que había generado grandes expectativas. A estas críticas se unió Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien fue contundente al acusar al oficialismo de haber utilizado la CICIH como un recurso de campaña sin intención genuina de avanzar en su establecimiento.
Una agenda contra la corrupción sin apoyo institucional
La salida de la CICIH del ámbito nacional tiene repercusiones que van más allá del aspecto administrativo. La falta de progresos tangibles ha intensificado la percepción de que el combate a la corrupción carece de herramientas eficientes y de compromiso estatal. La confianza en el Ejecutivo respecto a esta cuestión se ve afectada, en un contexto donde las exigencias de transparencia y responsabilidad siguen siendo apremiantes.
Dado que el horizonte institucional no considera la implementación del mecanismo internacional, Honduras desaprovecha una oportunidad crucial para abordar de manera estructural la impunidad. El tiempo restante en la gestión actual hace poco factible cualquier esfuerzo serio para cambiar esta situación, dejando a los ciudadanos con una promesa incumplida y sin una solución inmediata que supla la falta del proyecto.
Lo que al principio se mostró como emblema de cambio del sistema político ha acabado transformándose en un elemento más en el catálogo de promesas incumplidas, debilitando de esta forma el discurso del gobierno sobre el combate a la corrupción y generando un nuevo ámbito para la desconfianza de los ciudadanos.