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El panorama político hondureño se encuentra en un punto crítico, donde diversas voces de la sociedad civil, la oposición política y el ámbito periodístico han manifestado su profunda preocupación ante lo que perciben como una deriva autoritaria por parte del Partido LIBRE, especialmente en el contexto de las próximas elecciones generales de noviembre de 2025.
Las alarmas dentro de la sociedad hondureña se han disparado ante una serie de acciones gubernamentales que sugieren una preocupante erosión de los principios democráticos. Estas acciones abarcan un espectro que va desde la limitación de las libertades civiles fundamentales, esenciales para el ejercicio pleno de la ciudadanía, hasta la implementación de mecanismos que buscan ejercer un control cada vez mayor sobre los medios de comunicación, actores cruciales en la formación de la opinión pública y la fiscalización del poder.
Con esto se suma la sensación de una táctica intencional para reforzar el control en varias instituciones del Estado, lo cual podría resultar en un debilitamiento de la división de poderes y, por lo tanto, de los mecanismos de control y balance necesarios para un sistema democrático robusto. La convergencia de estas tendencias ha creado un ambiente de inseguridad y miedo entre diferentes grupos, quienes perciben en estas medidas un patrón que podría llevar a un régimen con rasgos autoritarios.
Amenazas a las libertades fundamentales: protesta, prensa y fuerzas armadas
Dentro de las medidas que han generado polémica se incluye la supuesta penalización de la manifestación civil, ya que se han reportado acciones para aprobar leyes y decretos que autorizan el uso de la fuerza y el procesamiento judicial de personas que participan en protestas, incluso aquellas pacíficas. Se han señalado, en este contexto, detenciones arbitrarias de dirigentes comunitarios, operativos policiales excesivos y advertencias de procesos judiciales hacia organizaciones sociales críticas del régimen.
Por otro lado, ha surgido preocupación por la independencia de los medios. Tanto periodistas como canales de comunicación críticos han enfrentado campañas de desprestigio, limitaciones para acceder a información pública, presiones en el ámbito fiscal, judicial y publicitario, además de actos de violencia e intimidación física. Entidades como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa han mostrado su inquietud por el deterioro de la libertad de prensa en la nación.
Otro punto de controversia es la situación dentro de las Fuerzas Armadas. Se han reportado denuncias sobre una presunta depuración selectiva de oficiales que no comparten la línea política del partido gobernante, así como el desarme parcial o traslado de funciones estratégicas a mandos afines al oficialismo. Estas acciones han generado preocupación por la posible politización de la institución militar.
El problema democrático en Honduras
Las medidas en contra de los medios de comunicación y la comunidad civil buscan callar opiniones contrarias, al mismo tiempo que indican un plan más extenso para eliminar los equilibrios democráticos y fortalecer un dominio absoluto.
Así se ha planteado la preocupación sobre la implementación de una estrategia que, según analistas y líderes de la oposición, busca consolidar el poder del Partido LIBRE en las instituciones del Estado, a través de la captura institucional, reformas constitucionales, persecución de la oposición y la prensa crítica, y el uso del aparato estatal para el clientelismo político. Se han señalado el intento de control del Consejo Nacional Electoral, la postulación de figuras vinculadas al ala más radical del partido, los intentos de reforma constitucional, la creación de estructuras paralelas al Estado y el distanciamiento de Estados Unidos.
Se espera que las votaciones generales de 2025 sean un punto clave para el porvenir de la democracia en Honduras. Los ciudadanos tendrán que elegir entre permitir el fortalecimiento de un sistema autoritario o defender la estructura democrática.