Romina Escobar, destacada en plataformas sociales gracias a sus videos en TikTok, se encuentra en una situación legal delicada después de ser enviada a prisión preventiva por orden del Juzgado Primero de Paz de San Salvador. La mujer de 28 años enfrenta acusaciones por múltiples delitos, incluidos daños a un vehículo de la Policía Nacional Civil (PNC), sustracción de una gorra policial y uso inadecuado de uniforme oficial. Este asunto ha desatado un intenso debate en las redes sociales y entre el público debido a la naturaleza de los acontecimientos y el contexto del incidente.
El incidente fue revelado después de que un video publicado por Romina se volviera viral en redes. En el video, se observa a la influencer golpeando un vehículo de la PNC y mostrando una gorra estatal. Según el testimonio de Romina, el video se grabó mientras estaba bajo la influencia del alcohol, un error que ha admitido públicamente. Aunque ha pedido disculpas y solicitado someterse a pruebas toxicológicas para evidenciar su estado de ebriedad durante el hecho, las autoridades no procedieron con dichas pruebas, lo que ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la gestión del caso.
“Me siento muy apenada y arrepentida por lo ocurrido”, declaró Romina antes de comenzar la audiencia en su contra. Además, ofreció disculpas públicas a la Policía Nacional Civil, reconociendo la relevancia de su trabajo. No obstante, también manifestó su frustración alegando que “no me quieren perdonar por la negligencia cometida por los agentes”. Estas declaraciones fueron hechas mientras salía de los tribunales, claramente afectada por lo que está atravesando.
No es la primera vez que Romina se enfrenta a problemas legales. En agosto de 2024, la Fiscalía General de la República la acusó de robo y amenazas agravadas en un incidente con un conductor de apps digitales. En esa instancia, Romina evitó la cárcel al llegar a un acuerdo con la víctima. Sin embargo, sus antecedentes han llevado a las autoridades a adoptar una postura más estricta en esta ocasión.
Este no es el primer enfrentamiento de Romina con la justicia. En agosto del 2024, la Fiscalía General de la República la acusó de robo y amenazas agravadas en un caso relacionado con un conductor de aplicaciones digitales. En esa ocasión, Romina logró evitar la prisión tras llegar a un acuerdo con la víctima. Sin embargo, los antecedentes han provocado que en esta oportunidad las autoridades adopten una postura más estricta.
El caso actual ha desatado diversas opiniones en redes sociales. Algunos usuarios argumentan que los actos de Romina son una falta grave que deben ser sancionados con firmeza, mientras que otros consideran que la medida de prisión provisional es excesiva, especialmente considerando que la joven asegura haber actuado bajo los efectos del alcohol y que no se realizaron pruebas toxicológicas para corroborar su estado.
Por su parte, la PNC ha mantenido su postura, señalando que los daños ocasionados a la patrulla y el hurto de la gorra representan delitos que no pueden pasarse por alto. Además, el uso indebido de uniforme oficial constituye una falta que puede afectar la imagen institucional de la Policía.
El caso también ha puesto en la mira el impacto de las redes sociales en situaciones legales. La viralización del video de Romina, en el que se evidencia su conducta, ha sido un elemento clave en el proceso judicial y ha contribuido a que el caso sea seguido de cerca por la opinión pública. Algunos especialistas argumentan que este tipo de exposición puede influir en la percepción de las autoridades y en las decisiones judiciales.
Mientras tanto, Romina permanecerá en prisión provisional hasta que se realice la próxima audiencia, donde se determinará su situación legal. Su caso pone de manifiesto las complejas intersecciones entre las redes sociales, la justicia y la opinión pública en la era digital.