_-_copia.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "CNE y Fuerzas Armadas")
La confiabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras como custodios del proceso electoral ha sido motivo de un intenso diálogo público tras los comicios primarios llevados a cabo el 9 de marzo de 2025. Diversos grupos sociales y partidos de la oposición han expresado su inquietud debido a una serie de fallos logísticos, especialmente en la distribución del equipo electoral en ciudades importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se informaron retrasos de hasta doce horas en la entrega de las urnas electorales. Esta circunstancia provocó largas filas de votantes, manifestaciones ciudadanas y una atmósfera general de descontento, observable tanto en los espacios de votación como en las redes sociales, donde se compartieron imágenes y relatos sobre la escasez de materiales y la limitada presencia de personal en las mesas electorales.
El organismo electoral nacional hizo una declaración pública sobre los problemas en la logística, señalando que los cambios de último minuto en el tipo de transporte, al cambiar de camiones a autobuses, complicaron la coordinación y el cumplimiento del calendario previsto. Aunque el CNE intentó manejar la situación y encontrar urnas perdidas, el descontento permaneció, particularmente en la ciudad principal, donde ampliar las horas para votar no fue suficiente para cubrir las expectativas de los votantes deseosos de participar en las elecciones.
Dudas sobre la función de las fuerzas armadas en las elecciones
En esta situación, las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con la democracia y la transparencia en las elecciones, garantizando que seguirían el calendario establecido por el CNE. El Gobierno, por otro lado, mostró un apoyo absoluto a la institución militar, subrayando su rol en la seguridad y la organización electoral. No obstante, la presidenta del CNE, Cossette López, indicó que las Fuerzas Armadas no asumieron su responsabilidad en los retrasos y denunció episodios de agresiones verbales por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta tensión institucional entre el CNE y las Fuerzas Armadas incrementó la inquietud sobre la imparcialidad y eficacia del proceso electoral planeado para noviembre de 2025.
La legislación hondureña, en particular el artículo 272 de la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de asegurar la alternancia en el poder y la protección, transporte y supervisión de los materiales electorales, en cooperación con el CNE. No obstante, existen restricciones claras para los integrantes de las Fuerzas Armadas, tales como no interferir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, evitar influir en el voto, abstenerse de participar en actividades políticas partidarias, o no retrasar sin motivo el traslado del material electoral. Pese a estas limitaciones, el esquema institucional actual mantiene a los militares como garantes de la democracia, una situación inusual a nivel mundial y que, según algunos estudios, evidencia la fragilidad y baja calidad democrática del país.
Iniciativas de cambio y discusión acerca del rol militar
A raíz de los eventos recientes, se han aumentado las iniciativas de modificación constitucional para reducir o eliminar la función de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales. El especialista en derecho constitucional Juan Carlos Barrientos ha propuesto la importancia de trasladar las funciones electorales a entidades civiles, sosteniendo que estos procesos deben ser gestionados únicamente por dichas instancias. Igualmente, el legislador Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una propuesta para modificar el artículo 272 de la Constitución, con el objetivo de limitar el papel militar en asuntos electorales y fortalecer la estructura civil. No obstante, esta propuesta ha suscitado opiniones diversas, incluso dentro de su mismo partido y entre grupos de la oposición, quienes ven la iniciativa como un posible intento del oficialismo para concentrar el poder.
La discusión acerca de la implicación militar en los comicios ha crecido debido a la percepción de que la independencia del CNE podría estar comprometida y por el pasado de intervenciones de las fuerzas armadas en la política de Honduras. Entidades como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) han propuesto que la reforma del artículo 272 debería incluir una redefinición más extensiva de las funciones de las Fuerzas Armadas, clarificando sus atribuciones y reforzando el control civil sobre esta institución castrense. Las sugerencias también abarcan el fortalecimiento del Ministerio de Defensa y la evaluación de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con la meta de avanzar hacia un manejo democrático sólido y disminuir la presencia militar en el ámbito político.
El debate acerca del papel de las Fuerzas Armadas en los comicios de Honduras sigue siendo un asunto primordial en la agenda política, con demandas de reformas que aseguren la independencia y transparencia del proceso electoral. La confianza en la integridad del sistema electoral es vista como crucial para la estabilidad democrática del país y la discusión actual destaca la necesidad de fortalecer las instituciones civiles y asegurar elecciones libres y transparentes.