_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Tensión política en Honduras")
El Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que gobierna desde 2022, se enfrenta a recientes acusaciones por promover cambios estructurales significativos sin llevar a cabo amplias consultas ni garantizar transparencia en el ámbito legislativo. Estas críticas emergen en un escenario de creciente tensión política e institucional, en el cual diversos sectores ponen en duda el enfoque del partido oficialista para impulsar su programa.
Cuestionamientos a los métodos legislativos del oficialismo
Variadas opiniones desde el sector político, comercial y de organizaciones civiles han manifestado su inquietud por lo que ven como una táctica de imposición normativa por parte del partido en el poder. Encabezados por la presidenta Xiomara Castro y con personajes clave como Héctor Zelaya y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el partido LIBRE ha sido acusado de emplear métodos que supuestamente evitan el procedimiento parlamentario adecuado.
Un tema polémico se centra en la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto de ley con grandes repercusiones fiscales. De acuerdo con las críticas, la legislación ha progresado sin asesoramiento técnico público ni una consulta amplia con las partes interesadas. También se señala el riesgo de que la ley se apruebe en sesiones aceleradas, sin la confirmación oficial de los registros legislativos pertinentes.
La falta de transparencia en este tipo de procedimientos ha sido calificada por especialistas como un riesgo para la institucionalidad democrática. Un analista constitucional consultado señaló que el uso de métodos “cuestionables, incluso ilegales” para introducir reformas estructurales sin respaldo político ni técnico representa una amenaza directa al Estado de derecho.
Respuestas del ámbito privado y de los partidos de oposición
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha expresado su inquietud por estas acciones, señalando que podrían debilitar la confianza en el entorno de inversión, tanto a nivel nacional como internacional. En un contexto donde Honduras se enfrenta a retos económicos como el desempleo y la falta de crecimiento, los empresarios consideran que este tipo de medidas legislativas podría intensificar la incertidumbre económica.
Desde la oposición parlamentaria también se han denunciado irregularidades. Diputados opositores aseguran que se han promulgado leyes en el diario oficial La Gaceta sin cumplir con los procedimientos establecidos, como la aprobación formal de actas legislativas. Esto, según sus declaraciones, vulnera el principio de legalidad que rige las actuaciones del Congreso y compromete la legitimidad de las reformas adoptadas bajo esas condiciones.
Las tensiones entre el oficialismo y la oposición, junto con el alejamiento de sectores cruciales como el empresarial y las organizaciones civiles, muestran una polarización en aumento en el ámbito del poder legislativo, donde las conversaciones políticas han sido reemplazadas por interacciones conflictivas.
Encrucijada institucional y rol de la ciudadanía
La situación actual genera preguntas sobre la estabilidad del sistema democrático en Honduras. La manera en que se manejan los cambios legislativos refleja constantes fricciones entre el intento de cambiar la estructura impulsado por el gobierno y la exigencia de respeto a la legalidad, transparencia y participación que manifiestan diversos actores políticos y sociales.
La presión ejercida por la sociedad civil organizada, junto con el examen continuo por parte de los medios de comunicación y observadores institucionales, se destacan como aspectos fundamentales para contener acciones legislativas que puedan amenazar la democracia. La carencia de acuerdos en reformas significativas no solo incrementa la desconfianza en las instituciones, sino que también compromete la gobernabilidad en una nación caracterizada por la debilidad institucional y la histórica falta de unidad entre los poderes del Estado.
En este contexto, Honduras enfrenta el reto de consolidar mecanismos de deliberación y control parlamentario que garanticen la legalidad de sus procesos y la inclusión de los sectores sociales afectados por las políticas públicas, especialmente cuando se trata de reformas que impactan el modelo fiscal y económico del país.