Dom. Abr 14th, 2024

El misterio y la tensión han marcado la reunión de este miércoles de políticos separatistas prorrusos en el enclave exsoviético de Transnistria, reconocido internacionalmente como parte de Moldavia, en la que han reclamado protección a Rusia ante “la creciente presión” del Gobierno moldavo. El presidente de Transnistria, Vadim Krasnoselski, había convocado a todas las autoridades electas de la región rebelde a un congreso con la pretensión de aunar fuerzas y alzar la voz contra las nuevas medidas económicas impuestas en enero por los gobernantes moldavos. La celebración de este foro político, el séptimo de este tipo desde la proclamación unilateral de independencia en 1990 —solo se ha recurrido en momentos importantes como la solicitud de integrarse en Rusia tras un referéndum en 2006, que Moscú nunca reconoció— generó temores entre las autoridades moldavas y ucranias ante la hipótesis de que Transnistria solicitara de nuevo la adhesión a la Federación Rusa.

Finalmente, en una declaración conjunta, los secesionistas han instado al Consejo de la Federación (Cámara alta) y a la Duma Estatal (Cámara baja) de Rusia, que se reunirá este jueves, a “implementar medidas de protección para Transnistria ante la creciente presión por parte de la República de Moldavia”. El texto destaca que en la región, independizada de facto desde hace más de tres décadas, viven más de 220.000 rusos (en torno a la mitad de la población), y que Rusia participa en la misión de paz en la región, además de ser garante y mediadora en el proceso de negociación. Mientras Ucrania continúa defendiéndose del ataque ruso, Rusia mantiene en Transnistria a 500 soldados desplegados en los distintos puestos de control como pacificadores y otros 1.500 pertenecientes al Grupo Operativo de Tropas Rusas (GOTR), heredero del 14º Ejército de Guardas soviético.

Los separatistas transnistrios también se encomendaron durante el congreso al secretario general de la ONU, António Guterres, para que tenga en cuenta “los derechos inalienables del pueblo de Transnistria garantizados por las normas internacionales, y para evitar que la vecina República de Moldavia viole los derechos y libertades de los ciudadanos de Transnistria y prevenir desafíos que conducen a una escalada de tensiones”. Incluso apelaron a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y a otros organismos para que presionen a los dirigentes de Moldavia a fin de que “retornen a un diálogo racional en el marco del proceso de negociación internacional y crear condiciones para una solución civilizada del conflicto”.

Los dirigentes transnistrios cargaron sus discursos con duras diatribas contra el Gobierno en Chisinau, como una forma de allanar el camino para que Rusia los auxilie, mediante una posible anexión futura. La República Moldava de Pridnestrovia, como se autodenomina, “luchará persistentemente por su propia identidad, los derechos y los intereses del pueblo y no renunciará a su protección, a pesar de cualquier forma de chantaje y presión externa”, declaró Krasnoelski en su alocución ante unos 600 asistentes. “Se aplica una política de genocidio contra Transnistria”, clamó el presidente, quien enumeró cuatro supuestas “señales en los últimos 30 años: el estrangulamiento económico, la destrucción física del pueblo, la denegación de la protección legal y un intento de implantar por la fuerza el idioma”.

Guerra económica

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El líder de la pequeña región separatista también acusó a Moldavia de lanzar una guerra económica al “crear deliberadamente las condiciones previas para un déficit presupuestario millonario”. Sin embargo, Moldavia recalca que la actividad comercial internacional de Transnistria se lleva con las mismas condiciones que el resto del comercio moldavo. La región, incrustada entre una estrecha franja a lo largo del río Dniéster y Ucrania, gozaba de privilegios fiscales que Chisinau le otorgó como forma de seducción para reintegrarla. Krasnoselski también lamentó este miércoles que “Moldavia busca destruir el sistema sanitario de Transnistria, bloqueando el suministro de medicamentos y equipos médicos” y que las autoridades moldavas adoptaron una ley sobre el separatismo, que “crea las condiciones previas para procesar penalmente a todos los ciudadanos de Transnistria”.

Tras la resolución adoptada por los diputados transnistrios, el vice primer ministro para la Reintegración de Moldavia, Oleg Serebrian, rechazó “las declaraciones propagandísticas provenientes de Tiráspol [capital de Transnistria] y aseguró que la región rebelde “se beneficia de las políticas de paz, seguridad e integración económica con la Unión Europea, ventajosas para todos los ciudadanos, tanto los de la orilla izquierda como la derecha del Dniéster”. Chisinau insiste en que el objetivo del congreso era provocar histeria entre la sociedad y en que no hay riesgo de que se desestabilice la situación en Transnistria.

Del tamaño de la provincia española de La Rioja, el territorio autónomo rebelde cuenta oficialmente con medio millón de habitantes, aunque se estima que la cifra real de población es bastante menor, ya que muchos habitantes han emigrado a Rusia y otros países del entorno. El conglomerado de empresas Sheriff, que tiene gasolineras, supermercados, de telecomunicaciones, energía, alcohol y acero, además del principal club de fútbol, sustenta la vida política y económica en Transnistria. La planta metalúrgica del municipio de Rabnita, situada a unos 120 kilómetros de Tiráspol, cercana a la frontera ucrania, representa casi la mitad del presupuesto de las autoridades separatistas. Sus beneficios provienen del bajo coste de producción debido al minúsculo precio que abonan por el gas.

Moldavia, firme aliado de Ucrania, aboga desde hace décadas por la reunificación con Transnistria, separadas de facto tras la guerra de 1992 que causó más de un millar de muertes. Chisinau ha exigido reiteradamente en los últimos meses la retirada de las tropas rusas de la región, así como de las decenas de miles de toneladas de armamento soviético almacenadas en la zona.

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