La reciente decisión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de incorporar como lectura obligatoria en las escuelas el libro El golpe 28-J: Conspiración transnacional, un crimen en la impunidad, escrito por Manuel “Mel” Zelaya, ha desatado un intenso debate político y social en Honduras. Esta medida, que ha causado un fuerte rechazo en diversos sectores de la sociedad, ha puesto en la mira la cuestión de la educación en el país, enfrentando posturas sobre el papel de los contenidos en las aulas y su relación con el adoctrinamiento ideológico.
Un mandato que genera polémica
La disposición, divulgada en La Gaceta con el número 36.798, ordena que la obra de Zelaya se integre en la cátedra morazánica dentro de los programas escolares de las instituciones educativas públicas y privadas del país. Mediante este decreto, miles de copias de El golpe 28-J se repartirán por todo el territorio, convirtiéndolo en una lectura obligatoria para los alumnos de educación secundaria. El texto del libro, que narra la vivencia del expresidente destituido en 2009, califica el golpe de Estado como una conspiración internacional y un «crimen de lesa patria».
Este hecho ha provocado la furia de diversas voces políticas, educativas y de la sociedad civil, quienes han calificado la medida como un intento descarado de imponer una versión partidista de los acontecimientos ocurridos en 2009. La diputada Iroshka Elvir, una de las más férreas opositoras al decreto, denunció el carácter de “adoctrinamiento ideológico” del proyecto. Además, padres de familia han expresado su preocupación por lo que consideran un intento de “lavado de cerebro” de los jóvenes hondureños, acusando al gobierno de utilizar el sistema educativo como una herramienta de propaganda política.
Defensores del decreto: la memoria histórica como pilar de la democracia
El Ministerio de Educación, sin embargo, ha defendido la obligatoriedad de la lectura, asegurando que el objetivo del decreto es preservar la memoria histórica del país y evitar que los crímenes cometidos durante el golpe de Estado se repitan en el futuro. Según los funcionarios del gobierno, la educación sobre estos hechos es fundamental para fortalecer la democracia en Honduras, argumentando que es necesario que las nuevas generaciones conozcan en detalle los eventos que marcaron un hito en la historia contemporánea del país.
El gobierno de Xiomara Castro, que tiene una estrecha relación política con Zelaya, sostiene que este tipo de medidas son parte de un proceso de reivindicación histórica, en el que se busca aclarar y reconocer lo sucedido durante el golpe de Estado de 2009. No obstante, esta postura no ha logrado calmar las críticas y la polarización sobre el tema sigue en aumento.
Crece el rechazo social y la protesta
El debate ha cobrado intensidad en las plataformas sociales, donde sondeos informales muestran que más del 60 % de la población se opone a la imposición de leer el libro. La sensación de que el gobierno está empleando la educación para afianzar su poder político y promover una agenda ideológica ha provocado una gran resistencia. Líderes opositores y grupos sociales han empezado a organizarse contra el decreto, solicitando su revocación. En este escenario, se han anunciado medidas jurídicas para detener lo que perciben como un ataque a la libertad educativa y la diversidad de pensamientos en el país.
Además, ha surgido un creciente malestar en las aulas, donde tanto docentes como estudiantes se enfrentan a la presión de cumplir con la imposición del gobierno. El temor a que esta medida sea un precedente de una mayor politización del currículo educativo ha aumentado la preocupación en sectores que defienden una educación libre de ideologías partidistas.
La batalla por la educación y la verdad histórica
El decreto de Zelaya ha abierto un nuevo capítulo en la polarización política de Honduras y ha puesto en evidencia las tensiones entre quienes abogan por una visión única de los hechos históricos y quienes defienden una educación basada en la pluralidad y el pensamiento crítico. La polémica ha evidenciado, además, la fragilidad del sistema educativo hondureño, que se enfrenta a desafíos estructurales profundos, más allá de los contenidos curriculares.
A medida que los movimientos ciudadanos crecen en número y volumen, la pregunta que queda en el aire es si Honduras está experimentando un proceso educativo auténtico o si, por el contrario, se está avanzando hacia un modelo en el que la historia se convierte en una herramienta de control político. La respuesta a esta interrogante podría definir el futuro del sistema educativo y, más ampliamente, la gobernabilidad democrática en el país.
Mientras tanto, el debate sigue abierto, con una ciudadanía cada vez más dividida, un gobierno decidido a mantener su postura y una clase educativa que observa con cautela cómo este episodio podría sentar precedentes en la relación entre política y educación en Honduras.